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Real Decreto 235/2013, de 5 de abril por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Con fecha del 1 de junio 2013 entrará en vigor la norma que exige que cuando se construyan, vendan o alquilen edificios o unidades de éstos, el certificado de eficiencia energética o una copia de éste se deberá mostrar al comprador o nuevo arrendatario potencial y se entregará al comprador o nuevo arrendatario, en los términos que se establecen en el Procedimiento básico (artículo 1.2) Es decir, que a partir de ese momento se requerirá para vender y alquilar ciertos inmuebles la exhibición y entrega del llamado “certificado de eficiencia energética”.

Tal obligación podrá ser controlada por la función notarial y registral en el caso de compraventas o alquileres documentados en escritura pública; más difícil será el control en los documentos privados de compra o alquiler, dejando a salvo posterior creación de normas al respecto. El Real Decreto desarrolla y deroga el anterior Real Decreto 47/2007, de 19 de enero por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios de nueva construcción. La finalidad de la aprobación de dicho Procedimiento básico es la promoción de la eficiencia energética, mediante la información objetiva que obligatoriamente se habrá de proporcionar a los compradores y usuarios en relación con las características energéticas de los edificios, materializada en forma de un certificado de eficiencia energética que permita valorar y comparar sus prestaciones. (Artículo 1 del Procedimiento básico)

En relación al ámbito de aplicación de esta norma; es decir, para qué tipo de inmuebles será de aplicación esta norma, el artículo segundo del Procedimiento Básico dispone que este Procedimiento básico será de aplicación a:

a) Edificios de nueva construcción.

b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor.

c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público. Por su parte, se excluyen del ámbito de aplicación los siguientes inmuebles: (1) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico. (2) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para actividades religiosas. (3) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años.

d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales.

e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.

f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición.

g) Edificios o partes de edificios existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda.

Este último apartado se refiere a las viviendas de temporada o veraneo existentes en nuestro país.

Finalmente, el Real Decreto prevé un régimen sancionador a su incumplimiento remitiéndose a las normas de rango legal que resulten de aplicación y, a la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en su capítulo II, título IV.

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